Una jubilada consultó por un plazo fijo en las redes de un banco, cayó en una estafa y la Justicia ordenó indemnizarla
Buenos Aires, 30 junio (NA) -- El Juzgado Civil y Comercial N°16 de La Plata responsabilizó a un banco por las fallas en sus sistemas de seguridad y ahora deberá indemnizar a una jubilada que en 20...
Buenos Aires, 30 junio (NA) -- El Juzgado Civil y Comercial N°16 de La Plata responsabilizó a un banco por las fallas en sus sistemas de seguridad y ahora deberá indemnizar a una jubilada que en 2020 había consultado un plazo fijo en las redes sociales de la entidad y cayó en una estafa.
La Justicia bonaerense condenó a un banco a responder por una sofisticada ciberestafa que tuvo como víctima a una jubilada docente de la provincia. Se determinó que los delincuentes lograron engañar a la mujer haciéndose pasar por empleados de la entidad, obtuvieron acceso a sus cuentas y gestionaron aquel año un préstamo a su nombre, además de realizar transferencias a terceros desconocidos.
En la sentencia, conforme a la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, se declaró la nulidad de las operaciones, se ordenó devolver el dinero descontado a la víctima y se aplicó al banco una multa de $5 millones en concepto de daño punitivo.
La damnificada cobraba sus haberes a través de la cuenta del Banco Provincia y en 2020 intentó consultar sobre la renovación de un plazo fijo. Ante las dificultades para comunicarse telefónicamente con la entidad, decidió realizar una consulta a través de la red social Facebook, utilizando lo que creía que era la página oficial del banco.
Poco después recibió una llamada en la que del otro lado de la línea una persona se presentó como operador de la entidad financiera y comenzó a brindarle información personal vinculada a su cuenta bancaria, lo que le generó confianza. Según relató la mujer en la demanda, “el supuesto empleado conocía datos como su nombre, apellido, DNI, profesión y sucursal bancaria”.
Tras varios intercambios telefónicos y mensajes por WhatsApp, los estafadores le indicaron que debía realizar un supuesto trámite en un cajero automático para completar la renovación del plazo fijo.
Los delincuentes le pidieron que ingresara determinados números en el cajero, imprimiera comprobantes y enviara fotografías de la información obtenida. Le aseguraron que la gestión estaba en marcha y que debía esperar algunas horas para que el trámite quedara finalizado.
Sin embargo, cuando más tarde ingresó a su home banking descubrió que había sido víctima de una maniobra fraudulenta.
La jubilada observó movimientos que jamás había autorizado, entre los que se destacan un préstamo por $264.000 y un adelanto de haberes por $9.000. Poco después comprobó que prácticamente todo ese dinero había sido transferido a cuentas de terceros.
La operatoria incluyó transferencias por $100.000 y $44.000 a una cuenta vinculada a una persona identificada como Agustín Fernández, y otros $100.000 y $44.000 a una cuenta perteneciente a Sergio Barrios.
Cuando se contactó con la entidad financiera, presentó una denuncia ante la sucursal, pero diez meses después el banco rechazó su reclamo al explicar que las operaciones se realizaron utilizando correctamente las claves de acceso de la clienta, por lo que acudió a la Justicia.
Según la postura de la empresa, fue la propia usuaria quien habilitó las transacciones al proporcionar la información necesaria para operar mediante los canales electrónicos. El banco argumentó que las credenciales de acceso son personales y que su resguardo constituye una responsabilidad exclusiva del titular de la cuenta.
También afirmó que la mujer era usuaria habitual de los servicios de banca por internet, que conocía el funcionamiento del sistema y que había aceptado expresamente los términos y condiciones de utilización del home banking.
Durante el juicio el juzgado tomó como prueba clave la pericia informática, la cual concluyó que la maniobra comenzó con un ataque de "phishing", una modalidad de ciberestafa mediante la cual los delincuentes captan información sensible haciéndose pasar por una organización legítima.
Asimismo, se destacó que, una vez obtenida la información de la víctima, “el sistema informático del banco no activó mecanismos suficientes para detectar o bloquear operaciones sospechosas”.
El especialista concluyó que “el sistema no ofrecía un nivel de seguridad pleno y que carecía de medidas de control adecuadas para garantizar la confianza de los usuarios. También detectó deficiencias en los mecanismos de monitoreo y control implementados por la entidad financiera, especialmente considerando el crecimiento exponencial de este tipo de delitos durante la pandemia”, destaca el informe.
“Está es una muestra más de que los bancos jamás han hecho las inversiones para estar a la altura de las protecciones necesarias contra la ciberdelincuencia. Con lo cual los jueces deben sancionar su conducta buscando las hagan en favor de los usuarios, como es este caso ejemplificador”, concluyó Marcelo Szelagowski, abogada de la víctima.
Agencia NA
