Investigan presuntas coimas entre 2022 y 2023 en el sistema de importaciones SIRA
Buenos Aires, 22 abril (NA) – El fiscal Franco Picardi investiga maniobras y presuntas coimas realizadas en el marco del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que permitía a e...
Buenos Aires, 22 abril (NA) – El fiscal Franco Picardi investiga maniobras y presuntas coimas realizadas en el marco del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que permitía a empresarios acceder a un dólar oficial más barato entre 2022 y 2023, durante el Gobierno de Alberto Fernández.
Según informaron fuentes judiciales, el fiscal tendría identificadas maniobras de por lo menos cuatro empresarios, que habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar accediendo a un dólar oficial mucho más barato, con el objetivo de aumentar ficticiamente las ganancias de cada importación.
Las mismas fuentes señalaron que, en el marco de esta causa, que está a cargo del juez Ariel Lijo y tiene secreto de sumario hasta mañana jueves, se habría logrado hasta ahora imputar a varios operadores financieros y a cinco funcionarios del Banco Central, que supervisaban las operaciones del SIRA, un sistema dejado sin efecto por el actual Gobierno en diciembre de 2023.
El SIRA eran un mecanismo electrónico de control y autorización de importaciones implementado en octubre de 2022 para gestionar la escasez de dólares, y en la práctica funcionaba como barrera para registrar flujos comerciales y aprobar el acceso al mercado de cambios que controlaba el Banco Central.
Entre otras medidas conocidas por la Agencia Noticias Argentinas, Picardi pidió “informes urgentes” a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al Banco Central y pidió que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas.
Además, ordenó la realización de unos 30 allanamientos a los que les sumó testimonios y teléfonos aportados por los imputados, como los funcionarios del BCRA Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García, y dueños de casas de cambio como Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.
El fiscal habría detectado que los empresarios involucrados habrían aceptado pagar porcentajes de entre 10 y 15 por ciento y los montos de las operaciones superarían 3,5 millones de dólares, para acceder a operaciones a valor del dólar oficial de aquella época, que tenía una brecha de hasta un 100 por ciento de diferencia con el que se obtenía en el circuito informal.
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