¿Están nuestros legisladores capacitados para reformar leyes de salud pública?
Para los lectores de El Noticiero Digital y los legisladores de nuestro Congreso: En muchas oportuni...
Para los lectores de El Noticiero Digital y los legisladores de nuestro Congreso:
En muchas oportunidades me pregunto: los senadores y diputados nacionales, ¿están realmente capacitados para producir y modificar leyes?
Sin ánimo de entrar en disputas partidarias, es evidente que a veces se impulsan reformas que van a contramano de las necesidades sociales.
Modificar el marco legal de un país exige una profunda seguridad y responsabilidad sobre lo que se hace.
Aunque muchos políticos cuentan con asesores que los orientan, cabe insistir en la pregunta: ¿tienen la preparación necesaria para encarar reformas en áreas tan sensibles como la salud pública, donde los cambios se hacen a veces sin medir las consecuencias?
Un claro ejemplo de esta problemática es la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable (conocida como la Ley de Etiquetado Frontal).
Antes de avanzar con cualquier intento de modificación o derogación, es fundamental analizar el impacto real de esta norma. Lo ideal sería preservar la ley, fortalecer su implementación y abrir instancias de mejora técnica, pero sin desandar su principio central: el derecho de las personas a contar con información nutricional clara, comprensible y oportuna para cuidar su salud.
Las estadísticas en nuestro país son alarmantes.
Según la 2.ª Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2), el 41,1% de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años presenta sobrepeso u obesidad en la Argentina.
Además, el último informe de UNICEF ubica a nuestro país entre los tres con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en América Latina, afectando al 36,5% de la población de 5 a 19 años. Estos datos confirman que la carga de enfermedades cardiometabólicas asociadas a la mala alimentación sigue siendo elevada y va en aumento.
Es necesario recordar que el etiquetado frontal de advertencias (los octágonos negros) no prohíbe la compra ni el consumo de ningún producto. Su función es advertir, de forma simple, sobre el exceso de nutrientes críticos, como azúcares agregados, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías asociados directamente a la obesidad, la hipertensión, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares.
En definitiva, reduce la enorme asimetría de información que existe entre las grandes empresas que producen los alimentos y los ciudadanos que deciden qué llevar a su mesa.
Una derogación completa de esta norma, sin una alternativa que ofrezca el mismo o mayor nivel de protección, significaría desmantelar una herramienta clave de prevención en salud.
La discusión de fondo no debería ser «etiquetado sí o etiquetado no», sino cómo lograr que la información nutricional sea cada vez más comprensible y efectiva para orientar nuestras decisiones cotidianas.
Esta ley, por sobre todas las cosas, no le dice a nadie «no compre»; simplemente educa e informa para que cada consumidor tenga el poder de decidir sobre su propio bienestar.
Por todo esto, señores legisladores, les pedimos que legislen con la mirada puesta en la salud de la gente y no en otros intereses. Y a ustedes, nuestros lectores, los invitamos a defender este derecho fundamental: el derecho a saber qué comemos.
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